EL DEPARTAMENTO DE ESTADO VS OMAR MORA DÍAZ
Por Henrique Lander A., hijo
29 de Mayo del 2005 | La noticia de la suspensión de la Visa Norteamericana al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es una clara y oportuna indicación de que el Gobierno de USA está comenzando a reaccionar contra los desmanes, insultos, agresiones y múltiples hipocresías de la llamada revolución bolivariana y su proyecto castro comunista para el continente aún cuando, por aquello de que ‘perro viejo late sentado’, todavía esta reacción debamos percibirla como ‘incipiente y tímida’, sujeta a confirmación oficial.
En sus declaraciones a la prensa escrita y a la televisión, Omar Mora Díaz exhibe, como cualquier bolivariano revolucionario, la misma arrogancia, prepotencia y soberbia del Supremo, vicios que han llevado a nuestro país, a un punto muy cercano al de ebullición tanto interno como externo que nos habrá de costar mucha ‘sangre y muchas lágrimas’.
En opinión, de quien no es mas que un servidor público, “el gobierno de los Estados Unidos afectó la majestad del poder público al cancelar su visa”. Lo que no parece percibir este ciudadano, es que el gobierno de aquel país esta ejerciendo un derecho y una prerrogativa directamente vinculada a la defensa de su soberanía en consonancia absoluta con los postulados de sus principios democráticos y al imperio de sus leyes, no importa quien sea el afectado y mucho menos si es funcionario del gobierno de un país que como el nuestro, se ha declarado enemigo de aquel. Pero la arrogancia y su alícuota de soberbia es de tal magnitud que Omar Mora no ha realizado todavía que si hemos de hablar de la majestad del poder público, quienes la han mancillado ha sido la inmensa mayoría de quienes hoy conforman ese poder llamado Poder Judicial, actuando en beneficio exclusivo del Poder Ejecutivo y sus intereses políticos, y en perjuicio de lo que se entiende por respeto un Estado de Derecho y el verdadero Imperio de la Ley. Hasta este servidor público no ha llegado todavía el que la majestad no la otorga el cargo al funcionario sino al revés: Es el funcionario quien, con sus actuaciones confiere majestad y dignidad al cargo que le fuere asignado, como consecuencia de sus actuaciones a ser adelantadas conforme a derecho, y exclusivamente en beneficio de la Nación y su inalienable derecho por una justicia oportuna e imparcial.
Para los revolucionarios de nuevo pelo, resulta imposible admitir que en los Estados Unidos existe y se respeta una muy arraigada separación de poderes. Por ello, aquel servidor público incurre en el exabrupto de denunciar que “la Embajada atentó contra su derecho a la intimidad, al difundir – a través del correo electrónico – su número de pasaporte. Igualmente en su rueda de prensa sostuvo que el numero de la Visa también es confidencial y ahora la Embajada lo ha hecho público. En otras palabras, reclama para si y de parte, no de la Embajada sino del gobierno de Estados Unidos, lo que él y su parcializado Poder Judicial flagrantemente le niega a millones de venezolanos: La divulgación de las credenciales de Identidad de los venezolanos y con ella la confidencialidad inherentes al ejercicio de sus derechos constitucionales.
Este servidor público ubicado en la Nómina Mayor del Poder Judicial, cabeza del supernumerario Tribunal Supremo de Justicia, pretende imponer la voluntad y normas de su muy especial código judicial al concierto de naciones realmente democráticas, no importa cuan arbitrario este resulte. Exige a la Embajada norteamericana se le informe por escrito la cancelación oficial de dicha Visa, cuando debería saber que ningún gobierno, comenzando por el revolucionario de Venezuela, está en la obligación de producir semejante información. Simplemente cancela la Visa a quien considere persona no grata para su país, y punto. Estados Unidos admite, formal y oficialmente en su casa, a quien le de la gana de admitir, y a quien no le conviene tenerlo dentro de sus fronteras, simplemente lo rechaza sin explicaciones de ningún tipo. Definitivamente y a juzgar por las declaraciones públicas del ciudadano Presidente de nuestro máximo Tribunal, la Embajada Norteamericana en Caracas ha transmitido una orden que presumo como de origen superior y al transmitirla ha cumplido con sus propias normas, que consisten en diligentemente informar a las líneas aéreas o marítimas que, a Omar Mora Díaz, ciudadano venezolano al cual se identifica con el número de su Cedula de Identidad, el de su Pasaporte y el de su Visa, le ha sido cancelada su Visa para entrar a territorio norteamericano. Por lo tanto, les advierte que no le deberán permitir el acceso como pasajero en ningún vuelo que tenga como destino cualquier ciudad que ostente la categoría de Puerto de Entrada de aquella nación. Y todo ello para, entre otras cosas, evitarle al ciudadano en cuestión, ‘la humillación’ de no ser admitido en territorio de USA por funcionarios del INS en cualquier aeropuerto internacional, ahorrándole la humillante incomodidad de ser detenido por las autoridades de inmigración, mientras se organiza el regreso a su país de origen.
Omar Mora, como abogado, debe ser muy mal litigante. Las contradicciones y el doble estándar que utiliza para su defensa así lo sugiere. Por una parte admite el derecho de Estados Unidos de defender su soberanía afirmando que aquel es un derecho que se respeta, lo cual es mucho decir viniendo de un funcionario publico que medra en acciones anti norteamericanas para ganar aplausos del Tendido de Sol de esta corrida revolucionaria. Pero luego afirma en contrario que no tienen derecho a afectar ‘la majestad de un poder público como es el Poder Judicial”. Pregunto: ¿Acaso la Visa le fue concedida al TSJ o a Omar Mora Díaz, como simple ciudadano venezolano? A continuación afirma que “no es a Omar Mora como persona natural. Es el presidente del TSJ que requiere un trato digno desde el punto de vista diplomático”.
Continua con sus incongruentes argumentaciones declarando que “Lo asumimos como una afrenta al Poder Judicial porque la Embajada norteamericana, por razones elementales, tiene que conocer quienes somos los representantes de los poderes públicos nacionales”. Me pregunto si Bernardo Álvarez Herrera, Embajador de Venezuela en Washington y gran promotor de los Círculos Bolivarianos en aquella ciudad capital y en otras ciudades norteamericanas, conoce los nombres de todas las autoridades del país en que Álvarez Herrera se encuentra en funciones de representante diplomático del gobierno revolucionario venezolano y si este Embajador tiene facultades para tomar decisiones como la tomada contra Omar Mora quien parte de la base que la suspensión o anulación de su Visa fue una decisión del Embajador Brownfield. ¿No le ha cruzado por la mente el que semejante decisión tiene que haberse originado en el Departamento de Estado por, presuntamente instrucciones o simples recomendaciones de organismos asesores?
Ahora bien y he aquí una gran incongruencia..., Omar Mora reclama airadamente para sí lo que él, como Presidente del TSJ, flagrantemente niega a los venezolanos en general. Me refiero a la confidencialidad de la información contenida en los documentos personales de identificación de la población. En esta área hemos sufrido la infame lista de Tascón y la de Maisanta, y el perverso e ilegal uso que se le dio y se le sigue dando a aquella base de datos proporcionada a este asqueroso mercenario de la revolución, por el CNE de Carrasquero y Rodríguez. Está además, la ilegal imposición a todas las personas que tengan que tramitar cualquier diligencia, documento o transacción, así sea un simple documento a ser Notariado, la entrega de una COPIA DE LA CEDULA DE INDENTIDAD del ‘tramitante’, sin que hasta la fecha haya habido por parte del TSJ, máximo tribunal de la República hoy a cargo precisamente de Omar Mora Díaz, de una muy necesaria declaración de ilegalidad en contra de semejante y absurda practica que permite que las copias de estos documentos, floten sin control en centenares de despachos oficiales. Lamentablemente no existe en Venezuela, ningún poder que realmente proteja los derechos de privacidad y confidencialidad inherentes a la nacionalidad venezolana. Ahhhh, pero la Embajada, no el Departamento de Estado, tiene la obligación de respetar los de Omar Mora Díaz, organismo extranjero que ha puesto en manos y bocas de todos los venezolanos y del mundo, el número de Pasaporte y el número de la Visa norteamericana de nuestro excelso servidor publico en el área judicial.
Finalmente, no creo que la Embajada Norteamericana en Caracas le proporcione a Omar Mora lo que airadamente le ha exigido. El Departamento de Estado mucho menos. Si acaso, veremos declaraciones en el sentido de que se revisará el caso y se actuará en consecuencia, pero de allí a otorgarle una especie de ‘desagravio público’ no lo creo ni posible ni probable. El gobierno de USA debe tener sus razones muy firmes y muy sólidas para haber tomado aquella decisión y esas razones, de ser ventiladas públicamente, podrían convertirse en otra autentica Caja de Pandora para el régimen.
Ahora bien, esta decisión del gobierno norteamericano contra Omar Mora Díaz, cualquiera que sean sus fundamentos, debería servir de clara advertencia a todos aquellos revolucionarios que creen que porque el Supremo, semanal y hasta diariamente, insulta y arenga al gobierno de Estados Unidos, llamando analfabeta a la hoy Secretaria de Estado Condoleezza Rice y estúpido y pendejo a su Presidente George W. Bush, ellos los de Segunda, Tercera y Clase Popular que viajan en el tren revolucionario bolivariano, pueden hacer lo mismo con total impunidad y todavía viajar al país del Norte a disfrutar de sus bondades, de su democracia y de sus oportunidades de entretenimiento y de negocios, y todo ello con Dólares que diligentemente y sin ataduras, les proporciona CADIVI.
Pensar semejante cosa, es una ingenuidad que refleja la ignorancia de la revolución relativa a la historia de aquel país conocido como Los Estados Unidos de Norteamérica. Repasarla comenzando con el año de 1776 y su Acta de Independencia hasta nuestros días, puede ser un estudio muy útil y aleccionador.
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