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PDVSA A LA DERIVA

Por Alberto Rodríguez Barrera

9/JULIO/2004- Quienes asumimos por herencia o por voluntad propia la solitaria tarea de la comunicación, por el simple gusto de transmitir en bits, andamos siempre a la caza de aquellas temáticas que más afectan –para bien o para mal- a nuestro país. Tal es el caso con lo que está sucediendo con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), cuya tragedia en manos del chavismo y sus excesivas limitaciones gerenciales nos están llevando a una futura megacrisis petrolera.

PDVSA no está afrontando sus compromisos en el mercado petrolero internacional gracias a la desaparición de información operacional y financiera. Un analista internacional que trabaja para Petróleo de Venezuela, según Mery Mogollón de El Nacional, asegura: “Existe la certeza de que PDVSA ha perdido por lo menos la mitad de su valor, calculado originalmente en aproximadamente en 100 millardos de dólares…El gobierno absorbe la totalidad de la renta petrolera, a expensas de la capacidad productiva y el capital de la empresa…La empresa ha efectuado reuniones con los inversionistas en Estados Unidos y Europa para conseguir dinero fresco y atraer capitales para reactivar los campos de producción de petróleo, pero ha fracasado. Las presentaciones técnicas y el plan de negocios no convencen. Los voceros de la compañía son improvisados y les falta preparación técnica. Simplemente no hay confianza en el país, aun antes del paro petrolero de diciembre de 2002…Quiere aparentar una fortaleza que no tiene. Además, la empresa, al parecer, quiere evadir la rendición de cuentas a la Securities and Exchange Commission (SEC), ante la cual tendrá que admitir los problemas estructurales que comprometen su rentabilidad futura”.

Para entender las implicaciones de lo anterior, debemos recordar que en 1994 PDVSA creó PDVSA Finance, herramienta financiera para obtener recursos en mejores condiciones y plazos, con respecto a otras fuentes de crédito, y dedicarlos a los proyectos de PDVSA. La iniciativa implicó el registro en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), requisito indispensable para colocar papeles de deuda en el mercado estadounidense y, a la vez, lograr un respaldo institucional que genera confianza entre los inversionistas.

Ahora bien, obligatoriamente, cada año las empresas inscritas en la SEC deben presentar su informe anual, de acuerdo con una serie de especificaciones, definiciones y formatos. En el año 2002, PDVSA quedó inhabilitada para acudir al mercado en busca de nuevos préstamos o realizar oferta pública de valores. Respecto a 2003, cuyo informe tenía el límite de entrega del 30 de junio pasado (y que aparentemente tampoco se ha entregado), pareciera que la historia vuelve a repetirse.

De acuerdo con las normas de la SEC, el registro de PDVSA para realizar oferta pública de valores quedó suspendido al incumplir con las fechas de entrega el año pasado. El retiro de la sanción sólo es posible si no se presentan nuevos retrasos. El punto crítico para los directivos de PDVSA es que el informe que se presente es sometido a una verificación y certificación de su contenido, porque –más allá de la necesidad que tiene el gobierno de evadir los controles sobre la renta petrolera- los funcionarios que suscriban y se responsabilicen por esos reportes, incluidos los auditores independientes, pueden ir a la cárcel si la SEC comprueba que se han tergiversado o manipulado los estados financieros o que se ha emitido opinión falsa. Además, la Ley Sarbanes Oxley, principal herramienta de la SEC, es muy clara y fuerte en cuanto a la calificación de los delitos y la aplicación de sanciones, y tiene carácter extraterritorial.

Por todo ello y más, PDVSA no puede evitar tales controles, a menos que compre toda la deuda en manos de los inversionistas estadounidenses (como lo anunciaron en señal de debilidad, y que si fuera posible seguramente se haría a pérdida de la nación), o como dice uno de los auditores independientes contratados por PDVSA: “salvo que haya cambiado radicalmente el modelo gerencial y, en lugar de aspirar a compararse con Exxan Mobil, Shell o Chevron Texaco que permanentemente rinden cuentas a sus accionistas, quiera ahora parecerse a Cupep, la empresa estatal de Cuba, o a Aramco, la petrolera de Arabia Saudita, que nunca rinden cuentas a sus pueblos porque son administradas a conveniencia del régimen que gobierna”.

PDVSA no ha efectuado asambleas de accionistas correspondientes a los años 2002 y 2003, y según los auditores: “PDVSA sólo suministra información parcial a través de algunos medios de comunicación, pero la mayoría de los datos resultan errados, confusos y contradictorios, además de que no hay manera de comprobar si lo que dice el presidente de la corporación es cierto”.

En este sentido, PDVSA está en la obligación de informar al SEC los detalles del llamado fondo social que creó este año para desviar los ingresos extraordinarios por exportaciones petroleras, ya que la cantidad de recursos que se destina a su operación es de tal magnitud que puede impactar negativamente las finanzas de la corporación y modificar la percepción de los inversionistas. Y de acuerdo con la ley que rige el funcionamiento del fondo rotatorio de 600 millones de dólares, PDVSA está en la obligación de gastar los dólares (y los bolívares) con estricto apego al presupuesto aprobado en la asamblea. Por ello los auditores se preguntan: ¿dónde quedan los ingresos por 3,8 billones de bolívares (2 millardos de dólares) a los efectos de contabilidad y los estados financieros de la empresa?. Y agregan que “el actual gobierno, con la creación de un fondo especial en dólares no solamente viola la ley del Banco Central y el convenio cambiario BCV-PDVSA, sino que además de crea un presupuesto paralelo al margen de todos los canales formales”.

La conclusión de toda esta lamentable situación la ofrecen los propios auditores contratados por PDVSA, quienes están en una situación difícil “porque los directivos de PDVSA quieren aplicar soluciones poco ortodoxas a un problema contable. Simplemente hay que rendir cuentas con un soporte legal incuestionable. Pero PDVSA no ha efectuado asamblea de accionistas, ni en la casa matriz ni en sus filiales, en los dos últimos años; por dos años consecutivos se ha retrasado con sus obligaciones con la SEC; el comisario tiene dos años sin presentar su informe sobre las cuentas de PDVSA y por dos años consecutivos no se edita el informe anual de la corporación en Venezuela, el cual incluye los estados financieros auditados”.



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