Carceles de Venezuela: Prisioneros de la indiferencia
Editorial | El Nacional
El Nacional - Viernes 21 de Enero de 2005 A/8 | Más de 12 mil reclusos se mantienen en huelga de hambre en las cárceles de Venezuela, pero el gobierno del presidente Chávez, campeón de los pobres, ni siquiera se preocupa por dar una respuesta a un problema que estaba planteado desde meses atrás, cuando los familiares de los presos hicieron una petición para que fuera modificado el Código Penal y se mantuvieran, como es lógico, los beneficios procesales que se habían conquistado.
Pero la deplorable situación en los penales no es algo reciente sino que constituye un problema de larga data que, unido a los retardos en los juicios y a los incumplimientos del poder judicial, han terminado por encender la mecha de este conflicto que ahora padecemos.
Ayer se incorporaron a la huelga los reclusos de la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros y también los de Yare, un recinto de ingrata recordación para el Presidente.
Habiendo sido un preso y conocido las deficiencias de las cárceles de este país, algunos sectores esperaban del primer mandatario una política diferente a la del pasado, pero en estos cinco años nada se ha hecho para mitigar las deplorables condiciones de reclusión. Hoy se vive el mismo drama del hacinamiento, de los juicios retardados, de la mala comida (cuando llega), de las violaciones y de las muertes violentas que ocurren las celdas a cualquier hora del día o la noche. Lo que se vive en las prisiones venezolanas semeja los peores escenarios imaginados del infierno.
La huelga de hambre se inició el domingo pasado y progresivamente se han ido sumando otras cárceles, hasta llegar a la cifra de 123 mil presos que no prueban bocado. Ya algunos están en condiciones de extrema gravedad y otros corren el riesgo de sufrir daños considerables en su condición física.
Sin embargo, los funcionarios del Gobierno atribuyen la protesta a factores externos que, de alguna manera mágica o extra terrestre, influyen en la actitud de los reclusos y los impulsan a no comer, quizás como parte de una conspiración golpista. La realidad es que lo que están exigiendo no es nada del otro mundo, sino cuestiones concretas y sensatas, que se pueden discutir razonablemente para llegar a un acuerdo pacífico.
Pero el Gobierno ha escogido la peor de las salidas, es decir, no escuchar ni negociar, sino apelar a la fuerza. Ayer, media docena de internos fueron agredidos por la Guardia Nacional, en un acto que no se justificaba porque cerraba las puertas a una solución negociada que es lo que realmente interesa. Además, los reclusos han llevado el conflicto sin expresiones de violencia, a tal punto que en ningún penal se han producido motines o asaltos a los vigilantes de la prisión. De manera que no se justifica que los militares hayan empleado gases lacrimógenos y disparado perdigones de plástico, porque eso instala en las cárceles un ambiente de violencia y enfrentamiento que nadie quiere. De hecho, con este clima de represión, los presos se resisten a recibir la visita de sus familiares y al traslado a los tribunales. Además, los reos están ya en muy malas condiciones físicas como para cumplir con las exigencias de las autoridades.
Una de las representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones declaró a la prensa que era necesaria la intervención de la Cruz Roja y de Protección Civil, con la finalidad de impedir que se acentúen los efectos de la abstinencia, “porque ya algunos presos presentan quebrantos de salud y deshidratación”.
A estas alturas, habría que preguntarse los motivos reales del Gobierno para resistirse a abrir conversaciones que en nada ponen en entredicho su autoridad, que no está cuestionada.
Pero se trata de resolver los problemas que preocupan a la inmensa población penal que está desasistida, pero que constituye un núcleo humano de cerca de 19 mil personas. De ese universo apenas 51% de ellos está condenado mientras que 49% es procesado, es decir, que padece los rigores de la cárcel sin saber su destino judicial.
Los presos en huelga de hambre piden que la Asamblea Nacional reforme los artículos 493, 502 y 508 del Código Procesal Penal, y que también le imprima diligencia al Código Penitenciario. No estará de más que pidieran la construcción de cárceles modernas y adecuadas a los diferentes tipos de delitos, como en el resto del mundo. En Venezuela todos los años se aprueba un presupuesto para este tipo de construcciones pero jamás se llevan a cabo. Una burla más de las tantas que se cometen con la población penitenciaria.
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